La hidroeléctrica de Barro Blanco está ubicada en el río Tabasará, cuenca 114, con un nivel del embalse a 103msnm y una capacidad de 28.84 megawatts de generación.
El Acuerdo Barro Blanco se convierte en un
documento de estudio jurídico y político. 18 años de resistencia del pueblo
Ngäbe Buglé nos llevan a visualizar los mecanismos que utiliza el poder
económico para cometer sus actos "legales" en detrimento de los
derechos del pueblo a una calidad de vida digna.
Primero se debilitaron las leyes con contenido de derecho indígena, en este orden: la modificación de la propia ley 10 de 1997 que creó la comarca Ngäbe Buglé, en su artículos 48 y 49 en el 2001, vulneró la condición de consulta y aprobación en materia de proyectos de desarrollo. La eliminación del capítulo 10, título VII (derechos de los pueblos indígenas) de la ley 41 o ley general de Ambiente de 1998 en el 2003; ambas cosas fueron sistemáticas durante el gobierno de Mireya Moscoso. Martín Torrijos recibe esta legislación, cuando los 2 proyectos sobre el Río Tabasará habían sido cancelados mientras estaban bajo el amparo de la jurisprudencia que fue modificada. En el 2007 se da la concesión de Barro Blanco y la resistencia lleva al pueblo ngäbe a interponer una demanda contra el proyecto en 2008. El conflicto alcanza el gobierno de Ricardo Martinelli, quien modifica la carta orgánica 194 que reglamenta la ley 10 del pueblo ngäbe y crea un nuevo conflicto de derecho indígena con el decreto 537. GENISA perdía la concesión al vencerse el plazo en 2010 pero, recibe una ADENDA en su beneficio (era el momento para terminar la crisis) y era OPORTUNIDAD de ponerse en los zapatos del pueblo pero, la crisis se agudizó por la represión con más de 700 heridos, lisiados y muertos por el tema minero y el derecho al uso del agua en 20011 y 2012. El pueblo ngäbe obliga en calle a Ricardo Martinelli a cancelar la ley 8 que creaba un nuevo régimen de explotación minero (petaquilla es resultado de ese desastre que ahora paga el ESTADO con los impuestos del pueblo) con un monto por mantenimiento de las tinas de cianuro por más de 3 millones. Pero el pueblo ngäbe se vio conducido a sus límites y se creó la ley 11 del 26 de marzo de 2012 que prohíbe la explotación minera y concesiones hidroeléctricas dentro del territorio comarcal Ngäbe Buglé. Finalmente en el tema hídrico se cancelaron las concesiones dentro del territorio ngäbe, pero los recursos jurídicos se agotaron cuando la CSJ emite un fallo a favor de GENISA, aprobando el EIA bajo la ponencia del Magistrado Víctor Benavides antes de renunciar a su cargo por el escándalo de corrupción de los magistrados de la Corte.
Primero se debilitaron las leyes con contenido de derecho indígena, en este orden: la modificación de la propia ley 10 de 1997 que creó la comarca Ngäbe Buglé, en su artículos 48 y 49 en el 2001, vulneró la condición de consulta y aprobación en materia de proyectos de desarrollo. La eliminación del capítulo 10, título VII (derechos de los pueblos indígenas) de la ley 41 o ley general de Ambiente de 1998 en el 2003; ambas cosas fueron sistemáticas durante el gobierno de Mireya Moscoso. Martín Torrijos recibe esta legislación, cuando los 2 proyectos sobre el Río Tabasará habían sido cancelados mientras estaban bajo el amparo de la jurisprudencia que fue modificada. En el 2007 se da la concesión de Barro Blanco y la resistencia lleva al pueblo ngäbe a interponer una demanda contra el proyecto en 2008. El conflicto alcanza el gobierno de Ricardo Martinelli, quien modifica la carta orgánica 194 que reglamenta la ley 10 del pueblo ngäbe y crea un nuevo conflicto de derecho indígena con el decreto 537. GENISA perdía la concesión al vencerse el plazo en 2010 pero, recibe una ADENDA en su beneficio (era el momento para terminar la crisis) y era OPORTUNIDAD de ponerse en los zapatos del pueblo pero, la crisis se agudizó por la represión con más de 700 heridos, lisiados y muertos por el tema minero y el derecho al uso del agua en 20011 y 2012. El pueblo ngäbe obliga en calle a Ricardo Martinelli a cancelar la ley 8 que creaba un nuevo régimen de explotación minero (petaquilla es resultado de ese desastre que ahora paga el ESTADO con los impuestos del pueblo) con un monto por mantenimiento de las tinas de cianuro por más de 3 millones. Pero el pueblo ngäbe se vio conducido a sus límites y se creó la ley 11 del 26 de marzo de 2012 que prohíbe la explotación minera y concesiones hidroeléctricas dentro del territorio comarcal Ngäbe Buglé. Finalmente en el tema hídrico se cancelaron las concesiones dentro del territorio ngäbe, pero los recursos jurídicos se agotaron cuando la CSJ emite un fallo a favor de GENISA, aprobando el EIA bajo la ponencia del Magistrado Víctor Benavides antes de renunciar a su cargo por el escándalo de corrupción de los magistrados de la Corte.
Barro Blanco fue el lote jurídico que no se pudo
salvar en calle, pero siguió la crisis, esto creó la mesa de diálogo el 2 de
febrero de 2015 cuyo resultado fue la Mesa técnica del 10 de Agosto de 2015,
abriendo camino para buscar soluciones al conflicto sin perder vidas humanas en
represión. La consecuencia fue el ACUERDO BARRO BLANCO del 22 de agosto de 2016
con el apoyo de 7 especialistas del partido del pueblo.
Por este proyecto han sido afectadas 3 comunidades inndígenas del pueblo ngäbe en corregimiento de Bakama, distrito de Munä. Comarca Ngäbe Buglé.
Las comunidades:
Comunidad de Quebrada de Caña, Corregimiento de Bakama
El conflicto de décadas ha llevado a las autoridades tradicionales con el gobierno nacional a establecer un acuerdo marco que minimice los daños y violaciones provocados a las comunidades afectadas.
EL Acuerdo Barro Blanco:
Docuemento técnico anexo al ACUERDO para resolver las incompatiblidades culturales, socioeconómicas y ambientales:
